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La Real Federación Española de Caza (RFEC), entidad que aglutina a más de 330.000 cazadores federados, envío este martes un comunicado en el que desaprueba la carta elevada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por parte de un grupo de científicos en el que instan al Gobierno a la prohibición del uso del plomo, y respalda la posición del departamento que dirige Luis Planas en la necesidad de aplicar una moratoria y de contemplar excepcionalidades como única vía para avanzar en una transición.
La RFEC ha querido manifestar su preocupación por el hecho de que las principales instituciones científicas del país, como el CSIC o el IREC, revelen tan profundo desconocimiento del sector cinegético, un actor fundamental en el equilibrio y sostenibilidad de los ecosistemas de todo el territorio nacional y un activo clave para el desarrollo de numerosas investigaciones en beneficio de la fauna silvestre.
En su carta, los firmantes aseveran que existen alternativas "seguras y efectivas" al plomo, cuando la realidad es que no existen estudios que sopesen el efecto de su prohibición en el contexto socioeconómico y ambiental de España, en particular, en lo relativo a la seguridad para el usuario, la compatibilidad con el parque de armas existente, la eficacia en la caza, la viabilidad económica en el escenario de caza de gestión, o la disponibilidad del recurso alternativo en la fabricación de munición a corto y largo plazo.
La misiva también se expresan dudas sobre la capacidad de las administraciones públicas para diferenciar las acciones de control poblacional de las acciones de caza deportiva. Parecen desconocer que, hoy, la caza ha dejado de ser exclusivamente un acto libre de desarrollo lúdico, tradicional o deportivo para convertirse principalmente en una herramienta de gestión, indispensable para hacer frente a realidades como el incremento de los daños agrícolas causados por la fauna silvestre, o el aumento de los accidentes de tráfico causados por la fauna cinegética.
Así pues, las autorizaciones para el control poblacional, la declaración de comarcas de riesgo cinegético, la declaración de sobreabundancias, o la habilitación de períodos extraordinarios son mecanismos habituales de gestión bajo los cuales se producen ya la mayor parte de los abatimientos de especies cinegéticas en España, en un ejercicio de cooperación que administraciones y cazadores resuelven con solvencia.
La carta igualmente sentencia que "los animales abatidos (en controles poblacionales) seguramente se usarán para alimentación humana o animal", una afirmación que parece sencillamente una broma, máxime cuando la gestión de los animales abatidos se ha convertido en el caballo de batalla de las federaciones de caza y las administraciones Autonómicas, dada la imposibilidad práctica de introducir estos canales en los circuitos de donación o mercado, y la imposibilidad operativa de gestionar los excedentes.
La RFEC entiende que la erradicación del uso del plomo es un objetivo de interés común que no puede anteponerse a la resolución de cuestiones de salud pública y seguridad ciudadana, que se manifiestan en evidencias fácticas, como el incremento de accidentes de tráfico o los daños a la agricultura producidos por especies cinegéticas, pero sobre todo en amenazas potenciales como la posible irrupción de epizootias zoonóticas de magnitudes incalculables, como la peste porcina africana.
La transición hacia una caza sin plomo requerirá de escuchar, aunar y convencer a todos los sectores y agentes implicados. Convertirlo en una urgencia, o en una batalla ideológica a través de manifiestos valorativos y poco fundados sólo conseguirá enfrentar a los colectivos interesados y dificultar la aplicación, y resulta desafortunado que dichos posicionamientos procedan de entidades científicas a las que se les presupone como principal valor y utilidad su objetividad.
Por ello, la Federación refuerza explícitamente al MAPA en su labor de escucha y defensa de las necesidades del sector cinegético y aboga por la moratoria de la prohibición del uso de munición de plomo hasta que exista una alternativa satisfactoria en toda su dimensión: económica, social y balística.