FARCAZA alega contra los nuevos reales decretos de derechos de los animales por amenazar a la caza

La Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales y al proyecto de Real Decreto sobre identificación de animales de compañía. Se trata de dos iniciativas legislativas impulsadas por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que pretende invalidar la exclusión de la actividad cinegética y de los perros, hurones y otros animales auxiliares de caza de la ley de Bienestar Animal, un estatus por el que el sector cinegético luchó unido en la histórica movilización de marzo de 2022 y que quedó certificado hace dos años.

Ahora, con los proyectos de reales decretos, el Gobierno central pretende exceder el marco legal establecido en 2023 y es algo que FARCAZA quiere impedir con las alegaciones presentadas, que se unen a las registradas por otras entidades cinegéticas como la Real Federación Española (RFEC), la Asociación de Rehalas Regionales Españolas (Arrecal) y otras federaciones autonómicas.

En ambos documentos de alegaciones, FARCAZA pone de manifiesto que este texto se deberá ceñir exclusivamente al ámbito de aplicación de la citada ley 7/2023, de la que están excluidos los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza, como los hurones o las aves de cetrería.

La Federación Aragonesa exige al legislador que atienda las reivindicaciones del sector cinegético y el texto deje claro, sin lugar alguno a interpretación, que las aves de cetrería, los perros pastores, los de guarda del ganado y los perros y hurones utilizados en actividades cinegéticas están fuera del ámbito de aplicación de esta normativa. FARCAZA recuerda que la protesta del 20 de marzo de 2022 es la mayor manifestación realizada en Madrid en los últimos años y se convocó, precisamente, para reclamar la excepcionalidad de estos animales por su labor singular y esencial para la utilidad pública en materias como la prevención de daños agrarios, accidentes de tráfico, control de enfermedades o regulación de desequilibrios ambientales que puede generar la sobreabundancia de especies cinegéticas en la citada norma.

Incumplir este compromiso adquirido por el Gobierno central y expresado en el ámbito de aplicación de la propia ley en 2023 llevaría a FARCAZA, la RFEC y otras entidades cinegéticas a acudir a los tribunales. Además, la Federación Aragonesa quiere aseverar que, muy posiblemente, el incumplimiento de este compromiso podría conllevar paros masivos de la actividad cinegética en todo Aragón sine die.

Igualmente, la Federación defiende en sus alegaciones que la imposición de exigencias y limitaciones ajenas a la regulación de la tenencia y caza del conejo con hurón en Aragón supondría una invasión competencial en la competencia exclusiva de caza de esta Comunidad Autónoma, que se regula conforme a las exigencias y peculiaridades del territorio dicha actividad cinegética. No se puede obviar que actualmente los daños agrarios producidos por el conejo silvestre en Aragón son uno de los principales retos de gestión del medio natural en la comunidad autónoma, donde se ha creado una ‘Mesa del conejo’ específicamente para tratar de abordar esta situación y en la que FARCAZA es un actor clave.

En las alegaciones al reglamento de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales remitidas al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, FARCAZA recuerda que el control poblacional del jabalí es posible gracias a la labor de los perros de caza mayor y rehalas. En este sentido, se asevera que sin esta herramienta sería imposible aplicar Plan Nacional de Gestión a medio/largo plazo de las poblaciones de jabalíes silvestres para reducir el riesgo de entrada y difusión del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en España, un texto promulgado por el Ministerio de Agricultura a instancias de la Comisión Europea.

En cuanto a las alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre identificación de animales de compañía, FARCAZA manifiesta su firme oposición al pasaje del preámbulo del proyecto de Real Decreto que pretende justificar la necesidad de establecer un sistema único y homogéneo de identificación de todos los animales de compañía, incluidos los expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7/2023, entre los que se encuentran los perros de caza, rehalas, hurones y otros animales auxiliares de la actividad cinegética.

La Federación Aragonesa considera que el Gobierno central debe abandonar la intención de crear este sistema único de información ajeno al actualmente regulado por las autonomías porque supone un fraude de ley manifiesto, ya que se trata de burlar conscientemente la voluntad del legislador expresada en la citada Ley 7/2023, cuya aplicación no se extiende a animales utilizados en actividades deportivas, caza, rescate profesional, guarda de ganado o cetrería, entre otros.

Además, se hace constar que la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es manifiestamente incompetente para desarrollar normativa alguna en materia de sanidad animal. Igualmente se expresa que el proyecto del real decreto, tal y como ha sido sometido a trámite de información pública, vulnera varios principios jurídicos de primer orden como el de legalidad competencial y de la técnica normativa, porque ya en su preámbulo altera indirectamente el régimen jurídico vigente.

Respecto a los requisitos generales para la identificación de animales de compañía de identificación obligatoria, FARCAZA transmite al ministerio, tras consultar con profesionales veterinarios, que el plazo de siete días que propone el proyecto de real decreto es extremadamente corto para poder gestionar dicho trámite por circunstancias personales, especialmente para propietario del mundo rural, ya que la disponibilidad de profesionales veterinarios no es la misma que en las grandes zonas urbanas.

Sobre el punto que recoge los requisitos específicos para la identificación de perros, gatos y hurones, las alegaciones de la Federación se centran en recordar que el Plan General de Caza de Aragón para la temporada 2025-2026 indica textualmente que los hurones utilizados para la caza en Aragón no requerirán registro ante la administración aragonesa, ni microchip u otro sistema de identificación. El propietario de estos hurones deberá poseer una licencia de caza válida en Aragón y esto se justifica debido a la labor esencial que realizan para el control de la población de conejo silvestre y sus daños. FARCAZA afea que establecer nuevas obligaciones y costes para la tenencia de hurones implicarán una disminución del censo de estos animales y, por tanto, un aumento exponencial de los daños generados por el conejo silvestre.

En este apartado, con respecto a los meses en los que realizar la identificación obligatoria, igualmente se defiende desde la Federación que es mucho más operativo aumentar el plazo para realizar la identificación obligatoria a tres meses, para hacer coincidir con la primovacunación de la rabia, ya que esto supone un ahorro de costes para los propietarios y la disminución de estrés en el animal. En este punto se recuerda que así lo establecen normativas actualmente vigentes como el Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la identificación, los censos municipales y el registro autonómico de los animales de compañía.

Las alegaciones en su integridad han sido remitidas también a las direcciones generales competentes del Gobierno de Aragón para que, tras su revisión técnico-jurídica, puedan tomar cartas en el asunto, y posicionarse en coherencia a su ámbito competencial y a la singularidad de nuestro territorio en materia de caza.

La Federación Aragonesa de Caza, así como el resto de entidades cinegéticas que han presentado alegaciones a los nuevos reales decretos de bienestar animal que suponen una amenaza a la caza, confían en que el Gobierno central atienda sus reivindicaciones, sustentadas en criterios técnicos y jurídicos. De no ser así, se reitera desde estas líneas que FARCAZA no se descarta acciones legales y reivindicativas tan drásticas como la paralización de la actividad cinegética en Aragón.

Artículo publicado originalmente en el suplemento 'Caza en Aragón' de agosto de 2025.