Esta red de chiringuitos beneficiará a las asociaciones animalistas y la tendrán que mantener los contribuyentes con sus impuestos en un contexto de crisis económica mundial generalizada, con miles de hogares con dificultades para hacer pagos tan básicos como la luz, los carburantes o la cesta de la compra.

No hay que olvidar, además, que con la actual legislación las entidades ecologistas ya reciben una cantidad muy importante de recursos públicos cada año. Así lo demostró la revista ‘Jara y Sedal’ con una investigación en la que pudo constatar que cuatro entidades ecologistas recibieron entre los años 2015 y 2017, al menos, 12,3 millones de euros de las arcas públicas. Se trata de Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF y Amigos de la Tierra.

"La cifra podría ser tres veces superior, algo muy difícil de comprobar debido a la opacidad de las cuentas de algunas de ellas", advertía la revista cinegética, que solo contabilizó en los 12,3 millones las ayudas que pudo contrastar a través de la información que facilitan los diferentes organismos públicos.

‘Jara y Sedal’ pudo comprobar que para algunas asociaciones, como es el caso de Ecologistas en Acción, los 2,84 millones de euros que recibió, al menos, entre 2015 y 2017 representaron más del 70% de sus ingresos. Es una cifra que da medida de la dependencia que tienen estas organizaciones del dinero público, algo que no sucede con la caza, que aporta riqueza y contribuye a la actividad económica.

Mientras que los sectores animalista y ecologista están fuertemente subvencionados, el cinegético genera cada año 6.500 millones de euros y ayuda a crear 180.000 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos de un estudio elaborado por la consultora Deloitte. Sin olvidar los ingresos vía impuestos y tasas que ingresan las arcas públicas de los cazadores, quienes, además, con su actividad cinegética ahorran una gran cantidad de dinero a las administraciones por indemnizaciones a agricultores y ganaderos por los daños que causan determinadas especies cinegéticas.

"A diferencia de las asociaciones ecologistas», hizo constar además la revista ‘Jara y Sedal’, "los cazadores invierten de manera voluntaria 614 millones de euros para la conservación de la naturaleza". Especies como el lobo, lince o rapaces como el águila imperial o real se están recuperando gracias a los cotos de caza en los que habitan y que suponen el 87% del territorio español.

Esto supone que la caza tiene un coste cero para las arcas públicas; es más, aporta riqueza y genera actividad económica, a diferencia del sector animalista y ecologista.

Una ley que se ha elaborado sin rigor estadístico

La Ley Animalista se habría elaborado sin estadísticas ni datos oficiales sobre abandono de perros. Así lo confirmó hace unos días Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales y uno de sus principales impulsores, en la presentación de la IV Jornada Parlamentaria de Protección Animal organizada por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) en el Congreso de los Diputados.

"La Administración no tiene datos de animales abandonados», aseveró García Torres durante su intervención, en la que apuntó a los datos que publica la Fundación Affinity como «los más aterrizados" que tiene el Gobierno para poder trabajar normas como el citado proyecto de ley, que en estos momentos se está tramitando.

El director general de Derechos de los Animales obvia, sin embargo, las estadísticas del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.Este es el único organismo oficial que recaba datos sobre abandono y maltrato y las últimas estadísticas que ha divulgado sitúa los casos de abandono y maltrato en 839 durante 2020 y en 1.168 casos en 2021.

La Fundación Artemisan considera, en un comunicado, que es "incomprensible" que un proyecto normativo que tiene entre sus objetivos fundamentales el "maltrato cero" y la lucha contra el abandono, se elabore sin estadísticas oficiales que lo respalden, aun cuando propone normas que afectan gravemente a numerosos sectores del mundo rural y cuando se ha redactado sin consenso con colectivos y sectores afectados.

La Fundación recuerda que el sector cinegético es el principal implicado en la lucha contra cualquier tipo de maltrato y abandono, que ha colaborado en redacción de normas, y pide que se legisle con el rigor que debe imperar en la elaboración de leyes que afectan a millones de personas.

Este artículo está incluido en el suplemento 'Caza en Aragón' de octubre de 2022, que se publicó el 7 de octubre.