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Artículo publicado originalmente en la revista 'Jara y Sedal' de septiembre de 2024 y recogido en el suplemento 'Caza en Aragón' de octubre de 2024.
El borrador, al que ha podido acceder ‘Jara y Sedal', establece las bases de la creación del futuro Sistema Central de Registros para la Protección Animal (Sicerpa) en el que tendrán que registrarse los datos de todos los perros de España, incluidos los de caza pese a estar excluidos de la ley: su código de identificación, especie, raza y sexo, fecha de nacimiento e información veterinaria relevante así como el nombre y NIF del titular y el historial de sus titulares desde su identificación. Además, será obligatorio especificar su categoría de inscripción, en el caso de los perros de caza «animal de uso cinegético». Aquí entra el matiz más polémico: el borrador establece que las entidades de protección animal pueden tener acceso a los datos personales de los ciudadanos registrados en esa base de datos. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para ser reconocido como entidad de protección animal? Dos y muy sencillos: estar legalmente constituida teniendo como principal finalidad la defensa y protección de los animales y disponer de NIF.
Los cazadores, expuestos
Si el reglamento sale adelante, integrantes de la plataforma anticaza ‘No a la Caza’ (NAC), por ejemplo, podrán tener acceso libre y sin ningún tipo de control a la base de datos estatal en la que figuran los datos personales de la mayor parte de lo cazadores españoles con licencia en España y conocerán su condición de cazadores, puesto que para ser registrado como perro de caza el titular del animal debe estar en posesión de una licencia que le habilita para la actividad cinegética.
Según la Fundación Artemisan, en España hay unos 750.000 cazadores con licencia y 500.000 perros de caza, lo que ofrece una dimensión del problema que se puede llegar a crear si el reglamento se aprueba en los términos actuales. Tal medida puede acentuar aún más el ya grave problema de protectoras animalistas que encuentran perros robados o extraviados y se niegan a devolverlos a sus titulares al saber que son cazadores. Eso por no hablar del uso fraudulento que puedan hacer de esos datos para atacar a un colectivo al que atacan con su discurso de odio desde hace años.